Columna de opinión
Recientemente publiqué en redes, un llamado a la Administración Distrital, al IDU, al DADEP e Integración Social, para que pedirles una solución concreta, que garantice que el paso peatonal deprimido, de la carrera Séptima entre calles 41 y 42, pueda contar con las adecuaciones arquitectónicas necesarias que faciliten el desplazamiento de todas las personas con discapacidad o movilidad reducida. Precisamente, muchos de los que cruzan este túnel diariamente, asisten al Hospital Universitario San Ignacio a consulta, a las Universidades Javeriana y Distrital a estudiar, o simplemente, son ciudadanos que necesitan pasar de oriente a occidente, de un lado a otro.
Yo me pregunto entonces, ¿por qué un túnel tan importante para esta zona de la ciudad, no cuenta con facilidades como rampas adecuadas, un ascensor, o plataforma elevadora, y señalización inclusiva para las personas con alguna discapacidad? Acaso será falta de planeación, o se ignoran las normas que buscan eliminar las barreras existentes y garantizar los estándares de accesibilidad universal? Se trata de un túnel peatonal que fue construido hace más de 43 años, una infraestructura ubicada en un entorno universitario y hospitalario que sigue operando, sin tener en cuenta algunos estándares de accesibilidad contemporáneos.
De acuerdo con las memorias de prensa de El Espectador del 7 de agosto de 1981, este túnel peatonal fue construido por el IDU, con aportes de la administración y la de la Pontificia Universidad Javeriana, entre 1981 y 1982, año en el que entró en operación. Posteriormente, se le han hecho adecuaciones, según el periódico El Tiempo del 18 de julio del 2.000, se amplió la boca oriental, se remodeló el interior y los trabajos fueron coordinados por la Universidad Javeriana. Así mismo, se incluyó la ampliación, tal como se puede evidenciar en el Plan de Regularización y Manejo de la Pontificia Universidad Javeriana PRM 2013, y posteriormente, en la Proyección de Inversión de la universidad, 2016-1018, para la ampliación del túnel, por $4.000 millones de pesos.
Y es que si entramos en materia jurídica y técnica, un túnel peatonal subterráneo con las características de este paso, debe contar con las facilidades adecuadas para las personas con discapacidad o limitaciones funcionales.
La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, ordena suprimir y evitar barreras físicas en vías y espacios públicos y proteger a personas con movilidad reducida, incluyendo a quienes tienen limitaciones por edad o enfermedad. La Ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, refuerza la obligación estatal de garantizar accesibilidad real y efectiva, eliminar barreras y hacer ajustes razonables. El decreto 1538 de 2005, “Por el cual se reglamenta la Ley 361 de 1997”, define accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente, el desplazamiento fácil y seguro de todas las personas y el uso autónomo de los servicios instalados en el espacio.
Considero entonces, que en cinco palabras, desplazamiento fácil, seguro y uso autónomo, se resume lo que se necesita tener en cuenta en este túnel: porque cuando una persona en silla de ruedas o en rehabilitación, no puede atravesarlo sola, o un adulto mayor necesita ayuda para cruzarlo, o un paciente no puede llegar a tiempo a su cita por dificultades de movilidad, en la práctica, la normativa descrita no se está cumpliendo, y por supuesto, no se está garantizando la accesibilidad universal que debería tener este paso. LO FUNDAMENTAL, NO ES SÓLO QUE SE PUEDA CRUZAR, SINO QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN HACERLO SIN AYUDA”.
Así mismo, existe la NTC 4774, desarrollada en consonancia con la Ley 361 de 1997 y las políticas públicas de inclusión social, que aplica en este caso, a pasos subterráneos y cruces a desnivel. Esta define los criterios técnicos que deben aplicarse en los espacios urbanos para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidades visuales, auditivas o motrices, priorizando la seguridad y la continuidad del recorrido peatonal.
Esta semana y para corroborar lo que sucede en el túnel, hicimos un recorrido con mi equipo, y fue justamente, cuando evidenciamos que la entrada y salida, es por escaleras, sin rampas normativas continuas, en los accesos y salidas. No hay ascensores, plataformas elevadoras o sistemas alternativos de apoyo mecánico. No es inclusivo en la señalización, por ejemplo, no hay guías podo-táctiles. Además, tiene un sistema de drenaje insuficiente, tanto que en el túnel ya se han registrado inundaciones en el pasado, -como la documentada por los medios de comunicación en el año 2022-. En resumen, este importante paso deprimido, no cumple con los estándares modernos de accesibilidad universal.
Y es que no podemos olvidar, que el país enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional sostenido, tal como lo evidencié en mi columna de opinión, del 19 de febrero de 2026, titulada: Colombia envejece… Cada vez hay más adultos mayores y personas con limitaciones de movilidad, en Bogotá.
Así mismo, y según estadísticas del DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 7,1% de la población en Colombia presenta alguna dificultad para realizar actividades básicas diarias. Esto quiere decir, que en Bogotá hay miles de personas con discapacidad y limitaciones funcionales, y según este censo, cerca de 458.088 bogotanos (en 176.150 hogares), es decir el 6,41% de la población, viven con alguna discapacidad. Y según las cifras de SaluData (Secretaría de Salud), Bogotá certificó, a 69.176 personas con discapacidad, entre el 2020 y el 2024.
Para concluir mi reflexión, considero que el paso peatonal de las calles 41 y 42 con carrera Séptima, es un caso de urbanismo excluyente con una parte de la población, pues se trata de una infraestructura antigua que debe modernizarse, la solución más viable sería hacer una intervención y actualizarlo, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, para que se garanticen unas condiciones de accesibilidad universal. Hago un llamado al Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán Pachón; al director del IDU, Orlando Molano Pérez; al Secretario de Integración Social, Roberto Angulo Salazar; a la directora del DADEP, Lucía Bastidas Ubate; y a los directivos de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio -principales beneficiarios del uso del túnel-, para que hagan una intervención a corto plazo, y garanticen una verdadera inclusión de las personas con discapacidad y movilidad reducida, que utilizan este importante paso peatonal.